Cómo pedir un abogado de oficio

Constitución Española de 1978

El derecho a saber cómo pedir un abogado de oficio hace referencia a los derechos fundamentales y libertades públicas que se encuentran principalmente en la Constitución Española de 1978 y habla de los principios procesales básicos para salvaguardar los derechos en el proceso.

Solicitar un abogado de oficio

Tanto en el ámbito civil como en el penal, la persona tiene derecho a solicitar un abogado de oficio para su defensa y asistencia jurídica gratuita, cuando cumpla los requisitos para ello.

Así, se trata del derecho a la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales, y los derechos derivados del mismo como son:

– El derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley. El derecho a la defensa y a la asistencia de letrado. El derecho a ser informado de la acusación (principio de audiencia).

– El derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa.

– El derecho a no declarar contra sí mismo, es el derecho a guardar silencio en el ámbito penal sin que de ese silencio pueda extraerse ninguna conclusión. No obstante, esto ha sido matizado por la doctrina del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

– El derecho a no confesarse culpable, que es distinto del anterior, ya que se podría formular como el derecho a mentir, por lo que no se puede deducir como falso testimonio.

– El derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías.

– También tenemos el derecho que se considera más importante es el derecho a la presunción de inocencia, que supone que no se puede condenar a nadie sin prueba de cargo, y además que el acusado no tiene que probar su inocencia.

Es una presunción legal, el acusado es inocente hasta que no se pruebe lo contrario, por tanto es la acusación quien tiene la carga de la prueba, y tiene que destruir la presunción de inocencia.

– Otro derecho fundamental imprescindible es el derecho a la integridad física y moral, con prohibición de aplicar torturas o tratos inhumanos o degradantes.

– Un derecho claro pero controvertido es el derecho a la libertad. Ello es así porque hay una medida cautelar de carácter procesal penal que es la detención.

Parece que ambas chocan entre sí pero es una medida necesaria y en ella se respetan todos los derechos de la persona. Por ello, el plazo máximo para poner a disposición judicial a un detenido es de 72 horas.

La persona detenida tiene el derecho a ser informado y deben ser informados del motivo por el que se detiene y de los derechos que tiene. Además en la Constitución Española encontramos el procedimiento de habeas corpus para garantizar la legalidad de las detenciones.

– También es importante la inviolabilidad del domicilio. Esta manifestación afecta directamente a una medida de investigación concreta que es la entrada en el domicilio del detenido.

Para poder acceder será necesario cumplir unos requisitos, y si no se hace con esos requisitos las pruebas obtenidas serán nulas.

En el caso de la entrada y registro hay dos excepciones que son el delito fragante y el consentimiento del detenido. El secreto de las comunicaciones, para poder realizar una medida de investigación con objeto de una comunicación deberán darse ciertos requisitos.

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