El recurso administrativo especial en materia de contratación - Attardabogados.com

El recurso administrativo especial en materia de contratación


recurso administrativo especial

Actos recurribles y presentación

El recurso administrativo especial se utiliza en tanto que los actos administrativos separables del contrato, el acto de adjudicación definitiva y la resolución que pone fin al expediente de contratación, aprobando los pliegos, son recurribles, ya sea en la vía administrativa o en la vía contencioso-administrativa, cuando el acto pone fin a la vía administrativa.

Al interponer el recurso correspondiente, el recurrente puede solicitar la medida cautelar que estime oportuna y, en particular, la suspensión de la ejecución de dicho acto.

El recurso administrativo especial que sustituye a los recursos administrativos ordinarios de alzada y potestativo de reposición, pero sólo se aplica en los contratos sujetos a regulación armonizada.

No todos los actos en materia de contratación son impugnables en esta vía especial, sino sólo:

  • Los actos de adjudicación provisional del contrato.
  • Los pliegos reguladores de la licitación y los que establezcan las características de la prestación.
  • Y los actos de trámite cualificados en el procedimiento antecedente, que decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos.

Los legitimados para interponer este recurso son los licitadores así como cualquier otra persona que se vea perjudicada o afectada en sus derechos o intereses legítimos por el acto recurrido.

El plazo de interposición del recurso es muy breve, tan sólo 10 días hábiles desde que se notifica o publica el acto recurrido y una vez interpuesto, la tramitación es muy rápida.

Los demás interesados pueden presentar alegaciones en un plazo de 5 días y el órgano competente debe resolver dentro del plazo de otros cinco días.

Si transcurren 20 días desde la interposición del recurso sin que se haya notificado su resolución, el recurrente debe entenderlo desestimado, sin perjuicio de la obligación del órgano competente de resolver en todo caso.

Si se impugna el acto de adjudicación provisional, el recurso tiene carácter suspensivo, aunque la suspensión puede levantarse por órgano competente si se trata de un acuerdo marco en el que puedan ser parte un número no limitado de empresarios.

La suspensión se mantiene hasta que el recurso se resuelva expresamente, incluso de forma extemporánea.

La resolución del recurso debe ser congruente con lo solicitado y resolver todas las cuestiones que el recurso plantea y puede anular los actos impugnados, así como suprimir las cláusulas o condiciones de los pliegos que se consideren ilegales o discriminatorias. Incluso puede acordar la ejecución provisional a favor de otro licitador.

La adopción de medidas cautelares

La directiva 89/665, completada por la directiva 2007/66, impone a los Estados miembros la obligación de establecer medidas cautelares o provisionales en el ámbito de la contratación pública.

La Ley de Contratos del Sector Público incluye una escueta regulación de medidas provisionales en la vía administrativa y aplicables sólo en los contratos sujetos a regulación armonizada y demás impugnables a través del recurso administrativo especial.

Las medidas cautelares pueden solicitarse por los interesados al interponer el recurso especial o con independencia, y antes de interponerlo. La solicitud de medidas provisionales se resuelve por el mismo órgano competente para resolver sobre el recurso especial en un plazo de dos días hábiles.

Es posible la interposición del recurso contencioso-administrativo contra la denegación expresa o presunta de un contrato o una denegación administrativa de medidas cautelares en la vía judicial.

Además una vez recurrido, el contrato no puede celebrarse hasta que el órgano judicial competente haya tomado una decisión sobre las medidas provisionales o sobre el fondo del recurso.

Derecho a indemnización en caso de anulación de los actos de preparación o adjudicación:

Cuando los actos de preparación o adjudicación del contrato se anulan, pero el contrato ha sido ya ejecutado total o parcialmente, de manera que es inútil una nueva licitación o retrotraer el expediente de la anulada, el licitador perjudicado tiene derecho a una indemnización que como mínimo cubra los gastos en que el licitador recurrente incurrió par participar en el procedimiento de adjudicación.

Pero la indemnización debe incrementarse hasta comprender el lucro cesante si se demuestra que el recurrente debió ser el adjudicatario.

Dado que ésta prueba no es siempre posible, dicha indemnización del lucro cesante debería otorgarse también cuando el recurrente hubiera tenido una posibilidad real de obtener el contrato si no se hubiera producido la infracción.

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