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Es legal grabar a un trabajador en su puesto de trabajo


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Seguimos con nuestro examen a la Ley Orgánica de Protección de datos y, en esta ocasión, queremos responder a la pregunta ¿es legal grabar a un trabajador en su puesto de trabajo?

Videovigilancia en el puesto de trabajo

Los comercios abiertos al público pueden tener cámaras de videovigilancia con el fin de evitar robos o poder defenderse de otros delitos cometidos en la tienda e identificar a quienes los cometan.

La empresa también puede instalar la grabación de imagen, o de imagen y sonido, para el control de los trabajadores, y así lo establece el Estatuto de los Trabajadores, siempre y cuando sea un medio mediante el que se respete la dignidad del trabajador.

Sin embargo, este derecho puede entrar en colisión con el derecho a la intimidad del trabajador y, dado que no existe una normativa específica puesto que la Ley 23/1992 de 30 de julio, de Seguridad Privada no trata este asunto, tenemos que acudir al ámbito jurisprudencial.

En este sentido, la Agencia Española de Protección de Datos dicta la Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, sobre el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras y también se sujeta esta práctica a la LOPD.

De esta normativa destacamos algunas pautas para que grabar a un trabajador en su puesto de trabajo se considere legal:

1. Que las cámaras se instalen donde se realiza la actividad laboral.

2. Que no se produzca una intromisión ilegítima en conversaciones del trabajador que pertenezcan a la esfera privada del mismo o sean ajenas a la prestación laboral.

3. Que las cámaras se utilicen para el fin especificado (control laboral, evitar delitos…) sin que se puedan difundir o publicar las imágenes.

4. Si hay otro medio menos lesivo u otra medida más idónea con la que se consiga la misma finalidad, se utilizará esta.

5. Debe garantizarse el deber de información a los trabajadores: qué equipos se instalan, cuál va a ser su finalidad y qué tratamiento van a tener los datos.

6. La empresa debe inscribir el fichero en la Agencia de protección de datos.

7. La Instrucción establece que se debe garantizar la cancelación de las imágenes en el plazo máximo de 30 días, pudiendo guardar aquéllas grabaciones que constante una infracción o incumplimiento laboral.

8. Se debe informar a los trabajadores de cómo ejercitar sus derechos de acceso y cancelación.

9. La empresa debe adoptar las medidas de seguridad adecuadas.

Aunque no es un tema exento de polémica, al menos, la AEPD y el Tribunal Constitucional han dado unos consejos o normas a seguir para evitar el uso inadecuado de estos medios de grabación. Para todo lo demás, hay que contactar con un profesional y explicarle el caso concreto.

¡Consúltenos Ahora! Le Daremos Soluciones.

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