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Autorización para iniciar una actividad comercial o industrial


administración pública

Las autorizaciones para iniciar actividad comercial o industrial son una de las técnicas de control de la Administración Pública y suponen un control a priori de la situación, sin perjuicio de que pueda ser realizado dicho control también a posteriori.

 Con respecto a las clases de autorizaciones, podemos distinguir entre:

  •  Autorizaciones personales: son las que se otorgan en virtud de las circunstancias personales.
  • Autorizaciones reales: aquellas que se otorgan en virtud de las condiciones o requisitos de la actividad que se vaya a realizar.
  • Autorizaciones regladas: aquellas en las que exclusivamente se verifica el ajuste a la legalidad de la actividad que se pretende desarrollar.
  • Autorizaciones discrecionales: éstas, además de verificar que la actividad se ajusta a la legalidad, se verifica que la misma no es contraria a los intereses públicos y no perjudica a terceros.
  • Autorizaciones simples: aquellas que se otorgan para realizar una actividad concreta y determinada.
  • Autorizaciones por actividad: cuando lo que se va a realizar es una actividad continua.
  • Autorizaciones concurrentes: se dan en aquellas actividades que afectan a una pluralidad de intereses públicos y que, por tanto, requieren una pluralidad de autorizaciones.

En cuanto al procedimiento, las autorizaciones son solicitadas a instancia de parte. Una vez producido el acto de iniciación, se ordenarán los actos de trámite adecuados, de acuerdo a los criterios del procedimiento administrativo común establecidos en la Ley 30/1992, que incluye:

1. Análisis previo de la documentación presentada y, en su caso, requerimiento al solicitante para que, en el plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos exigidos según lo establecido en el artículo 12 de esta Ley.

2. Información pública, solicitud de informes y declaración de impacto ambiental, en su caso; propuesta de resolución, audiencia a los interesados, traslado a los órganos competentes para emitir informes vinculantes en trámites anteriores, resolución y, finalmente, notificación al interesado y su publicación.

Normalmente, el plazo máximo para la resolución del procedimiento de otorgamiento de autorizaciones será el que establezca su normativa reguladora y, en su defecto, el de tres meses y la resolución habrá de estar siempre motivada. Si no se resuelve en plazo se producirá, como regla general, el silencio positivo.

Cuando falta una autorización, provoca un vicio en el acto y éste podrá ser convalidado mediante el otorgamiento de la autorización por el órgano competente. Si no se hiciese la convalidación, estaríamos ante un acto nulo.

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1 Opinión sobre el artículo

  1. Pedro dice:

    Yo pedí una autorización a la Administración para una licencia de terraza en mi bar y genial, pero piden muchos requisitos.

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