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Requisitos para participar en licitaciones públicas


ley de contratos del sector publico

El texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, regula el procedimiento para que a una empresa le sea otorgada la concesión para realizar obras o prestar servicios al municipio, ciudad o Comunidad Autónoma de que se trate.

Se regulan varios procedimientos de adjudicación, que son el abierto, el restringido, el negociado, el diálogo competitivo y el concurso de proyectos. En todo caso, debe justificarse en el expediente el procedimiento utilizado.

Además, la Ley alude a otras 3 modalidades que son: los acuerdos marco, los sistemas dinámicos de adquisición y la centralización de obras. Éstos se utilizan cuando se pretende racionalizar y ordenar la adjudicación.

1. Tipos de contratos

  • El contrato de obras: cuando se va a realizar una obra o trabajo asimilado, de construcción o ingeniería civil, que tenga por objeto un bien inmueble, para responder a las necesidades de la entidad del sector público contratante.
  • El contrato de concesión de obras públicas: para la construcción, reparación o modernización de una obra, su conservación y mantenimiento.
  • El contrato de gestión de servicios públicos: mediante el que la administración pública encomienda a una persona natural o jurídica la gestión de un servicio de la competencia de la Administración encomendante. Se puede hacer de 3 formas:
  • La concesión del servicio. Es la forma más utilizada.
  • La gestión interesada, mediante la Administración y empresario participan en los resultados de la explotación y asumen el riesgo, en la proporción que se establezca en el contrato.
  • El concierto, por el que la gestión del servicio público se atribuye a persona natural o jurídica que realice, en el ámbito privado, actividades similares.
  • También puede constituirse una sociedad económica mixta, en la que participe la Administración o una entidad que de ella dependa y personas o empresas particulares.
  • El contrato de suministro: para la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción a compra, por parte de la entidad del sector público contratante, de productos o bienes muebles.
  • El contrato de servicios: consiste en desarrollo de una actividad dirigida a obtener de un resultado distinto de una obra o suministro.
  • El contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado: a través del cual una administración pública encarga a una entidad privada la realización de una actuación global e integrada.

Algunos contratos pueden tener carácter mixto, cuando contienen prestaciones propias de cada uno de los contratos descritos. En tal caso habrá de atenderse a la prestación que tenga más importancia económica para saber que normas han de aplicarse.

2. Propuesta de los interesados

En los casos en que los interesados deban presentar una proposición, ésta debe ajustarse al modelo que se establezca en el pliego de cláusulas administrativas particulares e ir acompañada, en sobre a parte, de los siguientes documentos:

  • Documentos acreditativos de la personalidad y representación del ofertante, su clasificación o solvencia.
  • Declaración responsable de no estar incurso en prohibición de contratar.
  • Si se trata de empresas extranjeras, declaración responsable sometiéndose a la jurisdicción española.
  • Otros documentos que puedan exigirse en el pliego y en el anuncio correspondiente.

Las proposiciones se incluyen en un sobre cerrado y no se desvela su contenido hasta el acto público de adjudicación. Sólo se exceptúa de la regla de secreto general, la información que sobre otras ofertas en competencia se proporciona a quienes participen en una subasta electrónica o en un diálogo competitivo, para que puedan mejorar la propia.

Cada licitador sólo puede presentar una proposición, sin perjuicio de ofertar variantes o alternativas cuando esté expresamente previsto y no puede concurrir a la vez individualmente y formando parte de una unión temporal de empresas o figurar en más de una de éstas.

La presentación de una proposición u oferta supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de las cláusulas y condiciones del pliego, sin que quepa formular reservas o exclusiones.

3. Procedimiento de selección del adjudicatario

Se trata de adjudicar el contrato a la oferta económicamente más ventajosa, de acuerdo a los criterios de selección establecidos en el pliego de cláusulas y en el anuncio de licitación o en el documento descriptivo conforme a la Ley.

El criterio puede ser sólo uno, en cuyo caso será el del precio más bajo, aunque lo normal es que los pliegos establezcan una pluralidad de criterios de selección, sobre todo en los casos que se indican en la Ley.

4. Cumplimiento del contrato adjudicado

Una vez formalizado el contrato, es necesario proceder a su cumplimiento, dentro del plazo fijado para su realización, así como de los plazos parciales que se establezcan para su ejecución sucesiva. Es lo que la LCSP denomina la vinculación de las partes al contenido contractual.

Al ser contratos administrativos, se establecen normas especiales que tienen por finalidad garantizar el buen fin del contrato y se atribuye a la administración determinadas prerrogativas relativas a la ejecución de los contratos.

5. Facultades de la Administración

La administración puede dictar actos administrativos que, con alcance general, ponen fin a la vía administrativa y son inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio de su posible impugnación en la vía judicial.

Además la administración tiene la facultad de interpretar unilateralmente los contratos, aunque no es una facultad absoluta, sino que podrá ser recurrida por el contratista. También puede dictar instrucciones para la ejecución del contrato, vigilar y controlar su cumplimiento.

También puede la administración determinar el precio a abonar por los usuarios por un servicio público e intervenir el mismo, en el caso de que el contratista no pueda hacer frente a sus obligaciones temporalmente o incurra en incumplimiento del que se derive un riesgo grave para el servicio o la explotación de la obra.

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