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Reclamar facturas impagadas Ayuntamiento


contratos con la administracion

Para reclamar facturas impagadas al Ayuntamiento hay que realizar un escrito dirigido al órgano que ha hecho la contratación. Los contratos del sector público son muy habituales.

Reclamar factura al Ayuntamiento

La Administración desde siempre ha necesitado contratar con particulares o empresas para la realización de algunos de sus fines. Así contaba, para la construcción de obras públicas, con la Instrucción de Obras Públicas de 10 de octubre de 1845.

Con el tiempo se hizo necesario crear una serie de normas de derecho administrativo que regularan mejor la realidad de la época. Estas normas inicialmente se introdujeron en las Leyes de Contabilidad y Hacienda Pública y en la legislación específica de contratos públicos desde el Real Decreto de 27 de febrero de 1852.

Bastante más tarde se creó el Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales de 1954 y la Ley de Bases de Contratos del Estado de 28 de marzo de 1963, de donde pasó a la ley de contratos de la Administración pública.

Actualmente, se ha establecido el plan de pago a proveedores, impulsado por el Gobierno y que obliga a los Ayuntamientos a pagar las facturas a empresarios, de las más antiguas a las más recientes.

Sin duda, la normativa que ha sido más útil es la aprobada en 2007, a través de la cual se regulan los contratos del sector público.

Se trata de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público (LCSP), que debe entenderse completada por el Reglamento general de la antigua LCAP (ley de contratos de la Administración pública), aprobada por RD 1098/2001, de 12 de octubre, en la medida en que no sea incompatible con aquella.

La mayor parte de los preceptos de la LCSP y del Reglamento tienen carácter básico, de conformidad con lo previsto en el artículo 149.1.18 CE (Constitución Española) y de ahí que la legislación autonómica sea abundante en esta materia.

Sin embargo, en 2011 fue derogada para dar paso al texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

En aplicación de la legislación europea, el TRLCSP regula los procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, que se aplican cuando quién contrata no es una Administración pública, sino otra entidad u organismo del sector público o también empresas privadas que gozan de derechos especiales o exclusivos otorgados por los poderes públicos.

La Directiva 2004/17/CE, que sustituye a la Directiva 93/38/CEE, y con ella la antigua Ley 31/2007 excluyen del ámbito de aplicación de estas normas el sector de las telecomunicaciones, incluido en la legislación anterior.

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