Efectos de la reconciliación de los cónyuges separados

La reconciliación de los cónyuges separados tiene efectos en el estado civil de las personas y en sus posibles derechos cuando uno de los dos fallezca.

Reconciliarse tras una separación legal

La única separación que influye legalmente en los cónyuges es la que se hace a través de demanda en el juzgado. La separación de hecho, en principio, no tiene efectos en el matrimonio.

Para que la reconciliación surta efecto, hay que comunicarla al juzgado en que se tramitó la separación, y también puede producirse durante el procedimiento.

La petición de separación puede ser contenciosa o de mutuo acuerdo, pasados los tres primeros meses desde que se celebra el divorcio.

A la demanda se pueden acompañar las medidas que van a regir a los cónyuges desde la separación, sobre todo si hay hijos menores o mayores discapacitados, como la custodia, el régimen de visitas, la pensión por alimentos o la compensatoria.

También se modifica el régimen económico del matrimonio, de gananciales a separación de bienes, desvinculando los bienes de ambos cónyuges.

Si no hay hijos menores, o mayores no emancipados, la separación también puede hacerse ante Notario.

Los hijos mayores o menores emancipacidos que convivan con los padres, deben prestar su consentimiento a todas las medidas que les afecten.

La sentencia que decrete la separación produce la finalización de la vida en común, desde que se haga firme y no sea recurrida por alguna de las partes.

Para tener plenos efectos, la reconciliación debe comunicarse al juez o realizarse mediante escritura pública o acta de manifestaciones, si la separación se hizo ante Notario, inscribirse en el Registro Civil.

El acceso al Registro Civil es imprescindible para que esta sea oponible a terceros.

Podrán mantenerse o modificarse, a voluntad del juez, las medidas adoptadas en la separación cuando se produzca la reconciliación.

Registro Civil para su inscripción, sin que, hasta que esta tenga lugar, se produzcan plenos efectos frente a terceros de buena fe.

Baja por incapacidad temporal durante el periodo de prueba

Un trabajador puede darse de baja por incapacidad temporal durante el periodo de prueba, en cuyo caso habrá que determinar si este sigue contando o queda en suspenso hasta que se le de el alta médica.

Despedir a un trabajador en baja laboral

Durante el periodo de prueba, tanto la empresa como el trabajador comprueban si es apto para el trabajo contratado y, en caso contrario, la empresa puede despedir al trabajador o este puede irse sin necesidad de preaviso.

El periodo de prueba viene recogido en el Estatuto de los Trabajadores y, más concretamente, en el convenio colectivo del sector en la provincia, que puede establecer la duración y cualquier otra especialidad sobre el mismo.

El Estatuto de los Trabajadores dice que la situación de IT o maternidad que se de durante el periodo de prueba interrumpe el cómputo de este plazo solo si ha habido un acuerdo sobre ello entre las partes.

Por ejemplo, que se haya contemplado en el contrato y que, además, esta medida sea consentida por el trabajador.

¿Qué ocurre con el periodo de prueba de un año, que se da en el contrato indefinido de apoyo a los emprendedores? Lo mismo. Aunque este plazo sea más largo, se aplican las mismas medidas en cuanto a IT.

El despido estando de baja, por no haber pasado el periodo de prueba, es muy controvertido. Primero, porque el motivo real del despido no puede ser la baja y, segundo, porque ¿con qué justificación se dice que el trabajador no es apto para el trabajo si en ese momento no se está desempeñando?

Cuando esto suceda, recomendamos poner una reclamación en el CMAC, para intentar que se declare la finalización de la relación laboral como nula. El plazo para hacerlo es de 20 días.

Mientras siga la situación de IT, y aunque le hayan despedido o finalice su contrato, el empleado seguirá cobrando hasta que le den el alta, pero según qué tipo de baja tenga:

– Por enfermedad común o accidente no laboral, cobrará lo que corresponda descontándose esas cantidades del desempleo, si es que tiene derecho a cobrar la prestación. Si no tuviera suficiente tiempo cotizado, no se descontarían.

– Por enfermedad profesional o accidente laboral, no se descontará lo que cobre.

Cuando le den de alta, si tiene los requisitos para ello, podrá solicitar la prestación por desempleo, en el plazo de 15 días, o el subsidio a que tenga derecho.

Qué pasa con la hipoteca si fallece el titular

Para saber qué pasa con la hipoteca si fallece el titular o uno de los titulares, quedando el otro vivo, lo primero que hay que ver es la escritura pública y las cláusulas que esta contiene.

Quién paga la hipoteca cuando fallece el titular

Si únicamente hay un titular, serán los herederos los encargados de continuar pagando la hipoteca, en caso de que haya aceptación de la herencia.

Digamos que se hereda tanto el activo como el pasivo de la herencia (bienes, derechos, deudas y obligaciones), por lo que los herederos pueden tener que seguir pagando la misma.

Si hay dos titulares, salvo renuncia a la herencia, los herederos se harán cargo del pago de, al menos, el 50%.

Hay que informar al banco de que uno de los titulares ha fallecido, para proceder al cambio de nombre en la escritura y llevar la documentación necesaria para que el banco pueda dar información a los herederos, como el certificado de defunción, la declaración de herederos o el pago del impuesto sobre sucesiones.

En algunos casos, la escritura pública de hipoteca incluye una cláusula en la que, de fallecer el titular, esta se paga con cargo al seguro de vida del fallecido, también contratado en la entidad.

Por eso comentábamos al principio que la escritura es lo primero que hay que revisar. También para saber, de cara al banco, a qué se enfrentan los herederos.

Algunos seguros cubren una parte de la hipoteca y otros la totalidad, procediendo a su cancelación. Esto es conveniente tanto para el fallecido, que se asegura de no dejar esa carga a sus herederos, como para estos, que pueden aceptar la herencia sin asumir esa deuda.

Si hubiera otro titular, entonces la hipoteca normalmente continúa, ya que hay un obligado al pago que puede hacerse cargo de la misma. En este caso concreto habría que ver las cláusulas específicas pactadas en la escritura.

De igual forma si hubiera un avalista, a este no afecta el fallecimiento del titular, pero sí la cancelación de la hipoteca y si los herederos aceptan o no la herencia, ya que es parte interesada en que el pago no le alcance.

Qué pasa con la hipoteca en caso de divorcio

En caso de divorcio, lo normal es disolver el régimen económico matrimonial de gananciales o, si tienen separación de bienes y una vivienda en común, disolver el proindiviso quedándose uno de los cónyuges con la vivienda o vendiéndola y repartiendo el importe.

Modificar la hipoteca en un divorcio

La modificación se puede solicitar al banco antes de poner la demanda, durante el procedimiento de divorcio o, incluso, una vez divorciados.

Nada obliga a disolver la sociedad de gananciales, sino que el matrimonio o ex matrimonio puede mantener el proindiviso tanto tiempo como quiera.

Actualmente, para no malvender la vivienda, son muchas las personas que toman la decisión de continuar teniendo bienes en común. Sin embargo, otras parejas deciden vender la vivienda y repartir el dinero cancelando la hipoteca o que uno de los cónyuges se quede con el inmueble, realizando una novación del préstamo.

La novación de hipoteca supone la salida de uno de los titulares y, por tanto, de una de las garantías de pago de ese préstamo, adjudicándoselo íntegramente el otro cónyuge.

En este sentido, los bancos pedirán una nueva garantía o un aval que asegure, en cierta forma, el pago del capital que queda pendiente ya que, en caso contrario, no dejará salir al otro titular porque no tiene ninguna obligación de hacerlo ni le afecta el divorcio.

Tengamos en cuenta que la escritura de hipoteca y la de compraventa son independientes. El titular tiene que salir de ambas -quitarse tanto el patrimonio como la deuda-.

La novación de la hipoteca se realiza ante notario, ya que supone una modificación de la escritura, y se hace con el consentimiento del banco.

El trámite para modificar la hipoteca en caso de divorcio consiste en:

– Ir al banco y solicitar la novación.

– Que el banco la acepte o ponga las condiciones para aceptarla.

– Acudir al notario y realizarla. Este se encargará de inscribir el cambio en el Registro de la Propiedad.

Otro problema es que haya avalistas solo por parte de uno de los titulares porque, si se trata del titular que sale de la hipoteca, el banco puede dejar que este ya no sea deudor, pero no así los avalistas, salvo que el que se queda como titular los sustituya por otros equivalentes.

La extinción de un condominio conlleva la tributación por el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, en su modalidad de documentos notariales, lo que supone un 1% o 1,5% -hay que ver exáctamente cuánto según la Comunidad Autónoma.

Y también hay que observar las exenciones tanto en el este impuesto, como en la plusvalía municipal -impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana-.

Quién paga los gastos médicos tras un accidente de tráfico

La asistencia sanitaria por un accidente de tráfico no está cubierta por la seguridad social. Esta situación, que es desconocida para muchas personas, hace preguntarse, ¿Quién paga los gastos médicos tras un accidente de tráfico? ¿el accidentado o el seguro?

Gastos de asistencia sanitaria en un accidente de tráfico

Los siniestros en carrera los cubren, normalmente, las compañías aseguradoras. No obstante, es muy habitual que el accidentado reciba en su domicilio una carta en la que se le pide que rellene los datos de su vehículo y los del contrario, a expensas de pagar él mismo la factura en caso de no hacerlo.

Nos referimos al Anexo del Convenio Marco firmado por la UNESPA (Asociación Empresarial del Seguro) para la atención sanitaria derivada de accidentes de tráfico.

En este Anexo también hay que informar de la compañía de seguros que tiene contratada el conductor, con quien la sanidad pública se pondrá en contacto para proceder a cobrar la factura.

También se distingue entre los siniestros en los que participa un solo vehículo (por ejemplo, una moto que derrapa sola en carretera) y en los que participa más de un vehículo (un choque entre dos coches o entre una moto y un coche) y qué ocurre con las lesiones provocadas a terceros que no están implicados en el accidente (por ejemplo, un viandante).

La compañía de seguros paga hasta un límite, salvo que el conductor o tomador del seguro tuviera contratada una cobertura específica que amplíe el importe.

¿Qué ocurre si el accidentado no tiene contratado el seguro de circulación obligatorio, que incluye la responsabilidad civil?

En estos casos, los gastos de asistencia sanitaria de los ocupantes del vehículo son cubiertos por el Consorcio de Compensación de Seguros, salvo que se demuestre que estos sabían que el vehículo era robado o que no estaba asegurado. Además, se deberá incluir una declaración responsable.

Igualmente, si se produce un accidente con otro vehículo y el suyo está asegurado, incluso cuando no se haga un parte amistoso y no tengan por qué intervenir la policía o la ambulancia, y si usted no guarda los datos del conductor del otro vehículo, quien se hace cargo es su propia compañía.

En estos casos, el problema es que la compañía debe asumir el gasto y no puede repercutirlo a la aseguradora del contrario, pero para el asegurado accidentado, en principio, no hay diferencia.

Plazo de prescripción para reclamar una deuda

Proceder al cobro de deudas no es tarea fácil, ya sean de clientes con líneas de crédito o clientes nuevos que no responden en el pago.

Antes de de dar crédito a una empresa o autónomo, es necesario hacer un estudio del mismo, para ver la calidad de su solvencia o si se encuentra en alguno de los Registros de Morosos, como Asnef o RAI, que son los más conocidos, pero ya adelantamos que hay muchos más.

Plazo para el cobro de deudas

Primero hay que tener en cuenta que el Código Civil es el que establece el plazo de prescripción de una deuda, es decir, no se puede reclamar durante toda la vida, sino que el plazo llegará hasta los 5 años, según el tipo de deuda de que se trate.

Por ejemplo, las deudas hipotecarias prescriben a los 20 años, mientras que las de alimentos o arrendamientos prescriben a los 5 años.

Las deudas con la Administración Tributaria prescriben a los 4 años, las profesionales a los 3 años (así como las de suministros, dispuesto de tal forma en numerosas sentencias), mientras que las reclamaciones por responsabilidad extracontractual prescriben al año.

Por supuesto, el plazo de prescripción se interrumpe cuando se interponga una reclamación extrajudicial fehaciente, por ejemplo, mediante burofax, o una demanda en vía judicial.

Una opción que puede contemplar el deudor es la reunificación de deudas. Los particulares responden de sus deudas con todos sus bienes, presentes y futuros.

El Código Civil deja bien claro que no hay forma de librarse del pago, salvo declararse temporalmente insolvente, pero en cuanto haya bienes o dinero, las deudas se van a cobrar.

Antes de llegar a ese punto, los usuarios pueden intentar reunificar sus deudas o solicitar un plazo de carencia para poder hacer frente a los pagos cuando tengan dinero, sin que eso les afecte en su vida diaria o se sientan ahogados con las deudas.

¿Dónde pueden hacerlo? en principio, en su banco o a su acreedor, aunque no tienen obligación de acceder a su petición, puesto que se trata de llegar a un acuerdo entre las partes y suscribir un contrato con las nuevas condiciones.

No obstante, las entidades bancarias y otros acreedores no están por la labor de refinanciar deudas o de conceder préstamos adicionales, salvo que se otorguen garantías o avales que puedan hacerse líquidos en caso de impago mediante el correspondiente procedimiento.

Sí han surgido multitud de empresas que invitan a los usuarios a reunificar sus deudas, pero hay que estar muy atento a las condiciones del contrato y a los intereses que piden para no caer en un engaño o acabar pagando dinero de más.

En caso de dejar de pagar, la entidad bancaria o la empresa acreedora podrían iniciar un proceso para exigir el pago al deudor en vía judicial.

Embargo de la indemnización por despido

Algunos trabajadores nos preguntan si es posible el embargo judicial o administrativo de la totalidad de la indemnización por despido o fin de contrato, si les pueden quitar el importe completo o si, al igual que los sueldos y salarios, la cuantía se sujeta a un porcentaje o escala.

La indemnización por despido es embargable

Primero hay que ver qué es lo que se embarga exactamente. Podemos estar hablando de sueldos y salarios o de cualquier tipo de percepción.

A la empresa le habrá llegado una carta para que retenga un porcentaje de la nómina al trabajador (excluyendo el salario mínimo interprofesional) y lo ingrese a cuenta de la Seguridad Social, Hacienda, el juzgado o el organismo competente para embargar en el caso concreto.

Ese porcentaje habrá sido calculado de acuerdo con la escala del artículo 607 de la LEC (Ley de Enjuiciamiento Civil). Pero, ¿Qué ocurre cuando se liquida al trabajador y se le da una cantidad mayor?

La cuantía de la indemnización por despido no entra dentro del concepto de salario, según aclara el ET (Estatuto de los Trabajadores) y la LEC tampoco hace mención expresa a la misma en el orden establecido para el embargo.

¿Esto qué quiere decir? Pues que la indemnización es embargable en su totalidad. No se le aplica la escala de porcentajes de la LEC.

¿Pero cuándo es embargable? Cuando la orden de embargo así lo diga. Es decir, si en la orden se embargan solo sueldos y salarios, la indemnización debería quedar fuera. De igual forma, si el embargo es de cualquier tipo de percepción económica, la indemnización podría embargarse hasta la cuantía de la deuda.

De igual forma sucede con las indemnizaciones por traslados o los gastos de la actividad laboral que no entren dentro de la nómina, de acuerdo con el artículo 26 del ET.

Además, sobre este concepto aclara la Agencia Tributaria en su página web que las indemnizaciones por despido no entran dentro de la definición de salario y pueden ser embargadas sin ningún tipo de límite, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Recaudación.

¿Qué puede hacer el trabajador ante esta detracción de su dinero? En la práctica, muy poco. Puede verificar la notificación de embargo que le envió el organismo correspondiente para ver qué conceptos se embargan exactamente y si se realiza de forma correcta.

Permiso de lactancia también para el padre

Los padres también pueden pedir el permiso de lactancia, así lo establece el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 37, pero además, esta situación puede ser mejorada o concretada por convenio colectivo.

Lactancia para el padre y la madre

Tras la reforma del Estatuto de los trabajadores, aunque padre y madre pueden pedir el permiso, en caso de que ambos trabajen, solo podrá solicitarlo uno de los progenitores.

Así, pueden pedir el disfrute durante una hora, dentro de la jornada laboral; dividir esta hora en dos (media hora en un momento y la otra en otro, dentro de un mismo día); la reducción de jornada en media hora o acumular jornadas completas, hasta los nueve meses.

El convenio colectivo del sector de la empresa en la provincia puede concretar en qué consiste la reducción de jornada, para intentar conciliar la vida personal y familiar con las labores organizativas de la empresa.

Como decimos, da igual que estemos hablando de lactancia normal o artificial, pueden disfrutarlo ambos padres y la empresa no puede negarle este permiso.

Si la lactancia coincide con el período de vacaciones fijado ya por calendario, el trabajador tiene derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la del disfrute del permiso.

Para solicitar el permiso, el trabajador debe hacerlo por escrito, con un plazo de antelación de 15 días, y especificar cuándo se va a comenzar a disfrutar la lactancia y cuándo finalizará la misma.

El convenio colectivo también puede determinar un plazo de preaviso diferente, por lo que siempre habrá que estar a lo que diga la norma que sea de aplicación. Únicamente se exceptúan de este plazo los casos de fuerza mayor.

¿Qué ocurre si la empresa se niega a dar el permiso de lactancia? ¿Y si no se está de acuerdo con el nuevo horario?

En estos casos, hay que interponer una demanda en el juzgado de lo social, en el plazo de 20 días, mediante el procedimiento del artículo 139 LGSS y solicitar además una indemnización por daños y perjuicios ante la negativa por parte de la empresa.

Es un procedimiento que se tramita de forma urgente y en unos 8 o 10 días desde la admisión de la demanda se debería conocer el pronunciamiento de la sentencia, de acuerdo con la normativa citada.

Con respecto a los derechos de los padres, también se ha producido la entrada en vigor de la ampliación del permiso de paternidad a cuatro semanas.

Darse de alta como autónomo a tiempo parcial

A partir del 1 de enero de 2017, aquellos profesionales que quieran, podrán darse de alta como autónomos a tiempo parcial, sin necesidad de estar en situación laboral de pluriactividad ni tener otro trabajo.

Trabajar como autónomo a media jornada

El Estatuto del trabajo autónomo se modifica para regular esta figura que, hasta el momento, no estaba contemplada en la normativa.

Una persona podía trabajar como autónomo a tiempo parcial cuando lo compatibilizaba con un trabajo por cuenta ajena, no únicamente utilizando esta forma para distribuir su trabajo.

A partir de ahora, las cotizaciones al RETA se regularán para encajar con el autónomo a media jornada, y quien quiera, podrá darse de alta sin tener que estar en situación de pluriactividad, aunque hasta que esta regulación se produzca, se aplicará la normativa contemplada para trabajadores contratados a tiempo parcial.

A la espera de que se regule la cotización (lo que quizá se haga con la nueva Ley de autónomos), los artículos 245 a 248 de la Ley General de la Seguridad Social nos indican, de forma supletoria, lo siguiente:

– La base de cotización es mensual y se contemplarán las horas efectivamente trabajadas.

– Para la prestación por desempleo, jubilación, incapacidad temporal o permanente, maternidad o paternidad, etc., habrá que estar a lo que reglamentariamente se determine y pueda ser asimilable al trabajador autónomo.

– Para los períodos de cotización, hay que contabilizar el tiempo que ha estado dado de alta el trabajador como autónomo, teniendo en cuenta el coeficiente de parcialidad.

– El coeficiente global de parcialidad será el que acredite el número de días en los que a estado dado de alta el autónomo.

– Si se va a calcular para el subsidio por incapacidad temporal, el coeficiente global de parcialidad se realiza solo sobre los últimos cinco años.

– Si se va a calcular para el subsidio por maternidad y paternidad, el coeficiente global de parcialidad se realizará sobre los últimos siete años o, en su caso, sobre toda la vida laboral.

Además, La LGSS contempla los cálculos a realizar para averiguar la base reguladora que se aplica a las distintas prestaciones a que tenga derecho el trabajador a tiempo parcial.

No obstante, esperamos que próximamente se publiquen las normas específicas aplicables al autónomo a tiempo parcial.

Reclamar la pensión alimenticia del hijo mayor de edad

Para reclamar la pensión alimenticia de los hijos, hay un plazo de prescripción de cinco años y es el padre custodio el legitimado para interponer la demanda. Sin embargo, ¿Qué ocurre cuando el hijo es mayor de edad?

Pensión de alimentos para hijos mayores de edad

La pensión por alimentos es una cantidad, normalmente fijada por el Juez, que tiene que entregar el padre no custodio al hijo, para mantenerlo, comprarle vestido, ropa, alimentos, colegio, etc.

También pueden existir otros gastos, llamados extraordinarios, que pagarán los padres por mitad ya que, al no estar previstos, no pueden entrar en el concepto de pensión alimenticia.

Este dinero va a los hijos. Es decir, aunque se ingrese en la cuenta que uno de los padres destina a tal efecto, o incluso se dé en mano, esa cantidad no es para ese padre sino para los hijos.

Esto quiere decir que si el obligado a pagar la pensión alimenticia deja de hacerlo, la deuda la tiene con el hijo, no con el padre custodio.

Sin embargo, como normalmente los hijos son menores de edad, es el padre o la madre con quien convivan quien tiene que reclamar la pensión por alimentos, como representante del menor, contra la madre o el padre deudor.

El plazo para poner una demanda exigiendo que se cumpla lo establecido en el convenio regulador es de cinco años desde que se deja de pagar la primera cuota de la pensión por alimentos, y es un plazo de prescripción.

Pero, ¿y si, mientras se deja la deuda, el hijo se hace mayor de edad? Entonces es él quien está legitimado para poner la demanda y reclamar las cantidades adeudadas.

Aunque esto no quiere decir que el hijo tenga que recibir el dinero de golpe. Los gastos que no han sido sufragados por la pensión que debía haber pagado el padre, probablemente hayan sido pagados por la madre, que se debe convertir en acreedora de esas cantidades.

A partir de la mayoría de edad, y de forma general, hasta los 25 años (si el hijo está estudiando o está en búsqueda activa de empleo y no encuentra), o especialmente hasta que diga el convenio regulador (que también puede ser modificado, según las circunstancias concretas de cada persona), el hijo puede seguir percibiendo la pensión por alimentos.

Además, puede pedir que le sea entregada directamente en otra cuenta bancaria que abra para ello y de la que él sea único titular pues, como explicamos, la pensión es suya, no del progenitor custodio, con independencia de que tenga que contribuir a las cargas familiares por la convivencia.