Los inmuebles de la iglesia

Iglesia Catolica

¿Cuál es el patrimonio de la iglesia católica? A menudo nos hacemos este tipo de preguntas. Sobre todo cuando nos enteramos de que la iglesia puede registrar bienes inmuebles, como si fuera un notario o un registrador, a su nombre.

Bienes que son de dominio público pero que viene utilizando la iglesia y a ello se acogen cuando los inmatriculan, a su posesión continuada durante cierto tiempo.

Inmatricular quiere decir inscribir en el registro de la propiedad por primera vez un inmueble público que no había sido registrado anteriormente.

A la iglesia le sirve un certificado diciendo que le pertenece el inmueble desde tiempo inmemorial. La iglesia actúa como un fedatario público, emitiendo el certificado que es válido en el registro de la propiedad.

La iglesia registra a su nombre diversos tipos de bienes desde hace siglos. Y es que partimos de la Ley Hipotecaria de 1946, en cuyo artículo 206 a la iglesia se la equipar con el estado, el municipio, la provincia o las corporaciones de derecho público, a la hora de inmatricular bienes.

Hasta 1998 podían registrar a su nombre todo tipo de bienes inmuebles, salvo los templos y lugares de culto católico. En 1998 el Gobierno eliminó esta prohibición.

Se calcula el patrimonio de la iglesia en torno a 100.000 propiedades, sin mencionar dinero en metálico y en otros bienes distintos de los anteriores.

Marcar la casilla a favor de la iglesia en la declaración de la renta supone entre 7.000.000 y 10.000.000 millones de euros destinados a esta entidad.

Además, la iglesia está exenta de la mayoría de los impuestos del Estado, como el IBI, por lo que si hay que tener propiedades, mejor que sean inmuebles.

Recordamos que hace unos años se hizo una propuesta para eliminar este tipo de privilegios de la Santa Sede en España y se quería conseguir que la iglesia estuviera totalmente separada del Estado. Evidentemente, esta propuesta no salió adelante.

Como se traduce de la Sentencia de 1993 que declaró inconstitucional el artículo 76.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos: “no se pueden confundir fines estatales con fines religiosos, ni fines públicos con fines religiosos. Ni a la Iglesia con una corporación de derecho público”.

Títulos mineros

LA CONCESIÓN MINERA.

Es el titulo jurídico administrativo normal que habilita para la explotación y aprovechamiento de minerales. Ahora bien, la acentuada especialidad que ofrece el Derecho Minero hace que esta concesión tenga unos caracteres muy peculiares dentro del marco general de las concesiones administrativas. Uno de esos rasgos singulares es que frente a la regla general de que las concesiones se otorgan de manera discrecional, en el caso de las concesiones mineras su otorgamiento se hace de forma reglada, lo que significa que si el solicitante reúne los requisitos legales tiene derecho a que se le otorgue la oportuna concesión, no disponiendo la administración de margen de discrecionalidad.

La concesión minera suele ir precedida de un permiso de investigación y, antes de este, de un permiso de exploración, que suele condicional el otorgamiento de la concesión minera.minas

El procedimiento a seguir en materia de minería es el siguiente:

  1. poner de manifiesto la existencia de recursos mineros, lo que se realiza la fase de exploración.
  2. una vez puesto de manifiesto, se procede a concretar los minerales hallados en la fase de investigación.
  3. tras ellos se otorga la concesión de explotación para llevar a cabo el aprovechamiento minero.

Desde el punto de vista dogmático, la concesión minera es un derecho real de aprovechamiento o el mineral, según algunos autores, es inscribible en el registro de propiedad, siendo además transmisible, hipotecable y embargable como un derecho real.

Por lo que se refiere al plazo de duración, las concesiones mineras han sido otorgadas tradicionalmente a perpetuidad, lo que armonizaba con carácter de propiedad privada de las minas una vez otorgada la concesión.(Art 339.2 CC). Pero posteriormente la concesión perpetua se reduce a 99 años como máximo, en aplicación del artículo 126 de la ley de patrimonio del estado de 1964, derogada por la ley 33/2003. Por su parte, la vigente ley de minas de 1973 rebaja aun mas ese plazo y lo fija en un periodo máximo de 30 años, aunque prorrogable por plazos iguales  de 30 años hasta el limite máximo total de 30 años (Art 62.2 y 3 LM). Por ultimo, los derechos del concesionario son los regulados en los artículos 62, 74,105 y los deberes se recogen en los artículos 70, 71,73 y 80. La extinción de la concesión y sus causas se encuentran reguladas en el artículo 86, todos ellos de la vigente ley de minas de 1973.

La explotación de los recursos minerales

PERMISOS DE INVESTIGACIÓN Y EXPLORACIÓN:

PERMISOS DE EXPLORACIÓN:

Se conceden sin perjuicio de los derechos adquiridos por otras personas sobre los mismos terrenos y cuadrículas interesados por aquellos, haciéndose constar que su otorgamiento no supone la existencia de terrenos francos  registrables en la fecha de presentación de la solicitud.

Los mismos se otorgarán por el plazo de un año, siendo prorrogable en función del contenido geológico del área por otro año a contar de la terminación del plazo inicial, si hubiese sido solicitada la prórroga un mes antes, como mínimo, de su vencimiento.

Este permiso confiere a sus titulares el derecho a efectuar estudios de reconocimiento en zonas determinadas mediante la aplicación de técnicas de cualquier tipo que no alteren sustancialmente la configuración del terreno.

Les otorgará un derecho de prioridad en la petición del permiso de investigación y concesiones directas de explotación, siempre que el terreno para el que se otorgó tuviese la condición de franco y registrable en el momento de presentarse la solicitud.

A estos efectos, quedarán integrados dentro del mismo permiso aquellos terrenos que habiendo estado cubiertos durante su vigencia por peticiones en tramitación con mejor derecho , hubiesen quedado francos con posterioridad por haberse cancelado sus expedientes.

Esta prioridad se mantendrá durante el plazo de 30 días con iguales circunstancias si se denegase el permiso o el vencimiento de su plazo o de la prórroga, en su caso.

El permiso puede ser transmitido, en todo o en parte, siempre por cuadrículas completas, por cualquier medio admitido en derecho a personas que reúnen las condiciones para ser titulares de derechos mineros, solicitando la previa autorización administrativa de la autoridad que los hubiere otorgado, acompañando a la petición el proyecto del contrato a celebrar o el titulo de transmisión correspondiente.

Entre las obligaciones destacan:

– El pago de los impuestos representados por el canon de superficie,

– El de iniciar los trabajos o efectuarlos para ser titular de derechos mineros y un programa de explotación, con indicación de las técnicas a emplear, medios disponibles para su desarrollo y detalles de las operaciones a revisar sobre la superficie del terreno, con el plan, presupuesto de inversiones, programa de financiación y garantías que se ofrecen sobre su viabilidad.

Presentada la documentación y previa confrontación sobre el terreno, se otorgará o denegará el permiso por la autoridad competente.explotación de los recursos minerales

– En principio, los permisos de exploración son compatibles con cualquier otro título minero,

– Los permisos de exploración pueden ser otorgados sin excluir de su perímetro los terrenos que no fueran francos y registrables y solo necesitarán licencia del dueño de los terrenos o previa autorización de los titulares o adjudicatarios de los permisos, concesiones o reservas.

Los permisos de exploración se declararán caducados:

– Por renuncia voluntaria del titular aceptada por la Administración,

– Por la falta de pago de los impuestos que lleve aparejada la caducidad,

– Por no iniciarse los trabajos o no efectuarse los estudios, exploraciones o reconocimientos en los plazos, forma e intensidad acordados.

– Por expirar los plazos por los que fueron otorgados, o en su caso, la prórroga concedida,

– Por motivo grave o reiterada infracción de las condiciones contenidas en el titulo de otorgamiento del permiso o de normas de observancia obligatoria, en perjuicio del orden público o el interés nacional.

 

PERMISO DE INVESTIGACIÓN.

Nos encontramos ante un acto administrativo unilateral que supone el otorgamiento de un uso privativo de un bien de dominio público (verdadero derecho real administrativo), acordado de forma reglada por la administración otorgante.

Reglada, porque si se ostenta un permiso de exploración ello supone la existencia a favor de su titular de un derecho de prioridad en la petición de permisos de investigación o en las concesiones directas de explotación, y en que, además, si al órgano autonómico competente para poner en marcha la tramitación del expediente de otorgamiento se le acredita por el peticionario  que se cumple todos los requisitos establecidos, tiene que aceptar dicho órgano íntegramente el proyecto y dar curso al expediente de solicitud y proponer, en su día, el otorgamiento.

De todas formas, cabe la posibilidad de que la administración solicite que el peticionario modifique total o parcialmente el proyecto si estima insuficiente o inadecuado la investigación programada o las inversiones y medios científicos y técnicos previstos.

La finalidad de estos permisos es poner de manifiesto y definir uno o varios recursos de la Sección C).

Serán otorgados en principio por los órganos autonómicos de nivel provincial a los que corresponda de las comunidades autónomas y por la Dirección General competente en cada Comunidad Autónoma en todo caso o cuando afecten a más de una provincia.

Se conceden por un plazo no superior a tres años, plazo que podrá ser prorrogables por otros tres años por la autoridad concedente, y excepcionalmente, por periodos sucesivos no superiores a tres años.

En este último supuesto, la Dirección General habrá de tener en cuenta la solvencia técnica y económica que acredite el titular peticionario, la amplitud y características de los trabajos programados, el contexto geográfico y métalo-genético del terreno solicitado, así como los trabajos desarrollados, las inversiones realizadas, los resultados obtenidos y las garantías que siga ofreciendo el solicitante, circunstancias cuya valoración hace de la discrecionalidad la clave de la prórroga.

Para el otorgamiento de los permisos de investigación la ley prevé dos modalidades que responden a dos situaciones de hecho distintas según se trate de terrenos registrables o de terrenos en los que se haya levantado la reserva. Estas modalidades son: el normal y por concurso público.

Normal: (procedimiento según los trámites que lo componen)

– Petición o solicitud, con nombre y apellidos o razón social del peticionario, su vecindad y domicilio, el nombre con el que haya de conocerse el permiso y situación, límites y extensión del terreno que se solicita.

– En el plazo de 60 días habrán de entregarse los documentos acreditativos de las condiciones para ser titular de derechos mineros, designación definitiva del área solicitada, un proyecto de investigación (con memoria explicativa del plan general de investigación indicando el mineral o minerales a que se refiere, procedimientos y medios a emplear, programa de la investigación, presupuesto de las inversiones, plazo de ejecución y planos de situación), y un estudio económico de financiación y garantías que se ofrece sobre su viabilidad.

– Documentación en base a la cual el órgano autonómico competente podrá imponer las modificaciones que estime pertinentes o directamente admitir de forma definitiva.

–  La solicitud que ha de ser publicada en el Boletín Oficial correspondiente.

– Abriéndose el período de información pública por un plazo de quince días,

– Transcurrido el cual el citado órgano desestimará la petición si no existe terreno franco y registrable, o realizará la demarcación del permiso efectuando sobre el terreno la confrontación de los datos presentados.

– Incluso el expediente se pondrá de manifiesto a quienes tenga la consideración de interesados y que se hubieren personado en el mismo, para que, en el plazo de quince días, pueden hacer las alegaciones y presenten los documentos que estimen pertinentes,

– Una vez lo cual el órgano competente a nivel autonómico o la Dirección General competente en la Comunidad Autónoma, en todo caso o si el permiso afectara a varias provincias de la autonomía, dictará resolución motivada otorgando o denegando el permiso.

Por concurso público:

–  En este procedimiento, las condiciones, plazos y requisitos del concurso se establecen reglamentariamente, si bien la documentación mínima a aportar será igual a la que se exige en las peticiones normales.

– De entre las ofertas recibidas deberá elegirse la que ofrezca las mejores condiciones científicas y técnicas y las mayores ventajas económicas y sociales,

– Y en ningún caso podrá declararse desierto el concurso si se hubiera presentado alguna oferta conforme a las normas establecidas en la convocatoria.

Caducidad: son causa de que por el Ministro de Economía se declaren caducados los permisos de investigación:

–  la renuncia voluntaria del titular, aceptada por la administración,

– la falta de pago de los impuestos mineros que lleva aparejada la caducidad,

– el no comenzar o no realizar los trabajos en los plazos, forma e intensidad acordados,

– la expiración de los plazos otorgados o de sus prórrogas, a no ser que se haya solicitado la concesión derivada de investigación, en cuyo supuesto quedará automáticamente prorrogado el permiso hasta la resolución del expediente de concesión,

– el no manifestarse al término de la vigencia del permiso un recurso de la Sección C) susceptible de aprovechamiento racional,

– los supuestos previstos en la ley que lleven aparejados la caducidad por el incumplimiento de las condiciones impuestas por la autorización o los planes de labores anuales,

– la reincidencia sin causa justificada en la no presentación del plan anual de labores,

– el motivo grave o la reiterada infracción de las condiciones contenidas en el otorgamiento del permiso o de normas de observancia obligatoria, en perjuicio del orden público o el interés nacional.

Denunciar por difamación y calumnia

derecho al honor

Le explicamos cómo denunciar por difamación y calumnia si alguien está hablando mal de usted o acusándole de haber hecho algo que no es verdad. Aunque el derecho a la información es igual de importante que el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen porque ambos son derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española, a menudo chocan y hay que saber cómo defenderse.

Cómo hacer una denuncia por difamación

Lo primero es saber si realmente la persona contra la que va a denunciar ha hecho un comentario o le ha acusado de algo que no se puede probar. Para esto hacen falta 2 requisitos fundamentales:

  • Que se trate de difundir informaciones sobre un hecho noticioso o noticiable, por su interés público.
  • Que la información sobre tales hechos sea veraz.

Respecto al primer requisito, aunque la persona implicada no tenga una pública notoriedad, los hechos en sí mismos,  pueden clasificarse como susceptibles de difusión, si alcanzan una trascendencia social evidente.

En cuanto al segundo requisito, la noticia es veraz cuando el informador actúe con la correcta diligencia al comprobar la veracidad de la noticia. Es decir, si está efectivamente contrastada, podrá calificarse como veraz, aunque luego se pruebe que no lo es.

También hay que tener en cuenta la neutralidad del reportaje o del medio de difusión de la noticia y, en concreto, el tono de la presentación, la valoración de los datos, la calificación de las noticias, el contexto general y las propias afirmaciones vertidas por quién la cuente.

No se puede hablar de reportaje neutral cuando el transmisor del mensaje no se limita sencillamente a relatar los hechos, sino que expone opiniones como si fueran ciertas.

Una vez que sepa cómo han sucedido los hechos y que tenga pruebas para presentar con la denuncia, puede hacer una querella por difamación y calumnia en el juzgado de guardia o en la policía. La calumnia quiere decir que le han acusado de haber cometido un delito cuando no es cierto.

Derecho a indemnización por difamación

Cuándo tiene la persona sobre la que se ha vertido la información derecho a una indemnización, y cómo se calcula el importe de la misma dependerá de que se haya producido una intromisión ilegítima o daños morales.

Así lo establece el artículo 9.3 de la Ley Orgánica 1/1982 que dice lo siguiente:

“La existencia de perjuicio se presumirá siempre que se acredite intromisión ilegítima. La indemnización se extenderá al daño moral que se valorará atendiendo a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión efectivamente producida.

Para cuantificar la indemnización lo que se tendrá en cuenta, en su caso, la difusión o la audiencia del medio través del que se haya producido. También se valorará el beneficio que haya obtenido el causante de la lesión como consecuencia de la misma”.

Los daños morales son muy difíciles de cuantificar, así que lo que hace en muchas ocasiones el Tribunal Supremo es aplicar el criterio del beneficio obtenido, es decir, se indemnizará con la cantidad que haya conseguido el causante de la lesión al difundir la noticia, sobre todo para aumentar las pequeñas indemnizaciones que suelen conceder nuestros tribunales.

En todo caso, el Tribunal Constitucional tiene la última palabra a través del Recurso de Amparo y teniendo en cuenta que, cuando chocan ambos derechos, hay que estar a una serie de circunstancias que, si concurren, va a prevalecer el derecho a la libertad, y sino, prevalece el derecho al honor.

Como dijimos antes, la información debe ser de relevancia pública e interés general y estar contrastada hasta el punto de creerse veraz. Pero además, se tendrá en cuenta la proyección pública de la persona y en qué contexto se da la información.