Quién paga los gastos médicos tras un accidente de tráfico

La asistencia sanitaria por un accidente de tráfico no está cubierta por la seguridad social. Esta situación, que es desconocida para muchas personas, hace preguntarse, ¿Quién paga los gastos médicos tras un accidente de tráfico? ¿el accidentado o el seguro?

Gastos de asistencia sanitaria en un accidente de tráfico

Los siniestros en carrera los cubren, normalmente, las compañías aseguradoras. No obstante, es muy habitual que el accidentado reciba en su domicilio una carta en la que se le pide que rellene los datos de su vehículo y los del contrario, a expensas de pagar él mismo la factura en caso de no hacerlo.

Nos referimos al Anexo del Convenio Marco firmado por la UNESPA (Asociación Empresarial del Seguro) para la atención sanitaria derivada de accidentes de tráfico.

En este Anexo también hay que informar de la compañía de seguros que tiene contratada el conductor, con quien la sanidad pública se pondrá en contacto para proceder a cobrar la factura.

También se distingue entre los siniestros en los que participa un solo vehículo (por ejemplo, una moto que derrapa sola en carretera) y en los que participa más de un vehículo (un choque entre dos coches o entre una moto y un coche) y qué ocurre con las lesiones provocadas a terceros que no están implicados en el accidente (por ejemplo, un viandante).

La compañía de seguros paga hasta un límite, salvo que el conductor o tomador del seguro tuviera contratada una cobertura específica que amplíe el importe.

¿Qué ocurre si el accidentado no tiene contratado el seguro de circulación obligatorio, que incluye la responsabilidad civil?

En estos casos, los gastos de asistencia sanitaria de los ocupantes del vehículo son cubiertos por el Consorcio de Compensación de Seguros, salvo que se demuestre que estos sabían que el vehículo era robado o que no estaba asegurado. Además, se deberá incluir una declaración responsable.

Igualmente, si se produce un accidente con otro vehículo y el suyo está asegurado, incluso cuando no se haga un parte amistoso y no tengan por qué intervenir la policía o la ambulancia, y si usted no guarda los datos del conductor del otro vehículo, quien se hace cargo es su propia compañía.

En estos casos, el problema es que la compañía debe asumir el gasto y no puede repercutirlo a la aseguradora del contrario, pero para el asegurado accidentado, en principio, no hay diferencia.

Plazo de prescripción para reclamar una deuda

Proceder al cobro de deudas no es tarea fácil, ya sean de clientes con líneas de crédito o clientes nuevos que no responden en el pago.

Antes de de dar crédito a una empresa o autónomo, es necesario hacer un estudio del mismo, para ver la calidad de su solvencia o si se encuentra en alguno de los Registros de Morosos, como Asnef o RAI, que son los más conocidos, pero ya adelantamos que hay muchos más.

Plazo para el cobro de deudas

Primero hay que tener en cuenta que el Código Civil es el que establece el plazo de prescripción de una deuda, es decir, no se puede reclamar durante toda la vida, sino que el plazo llegará hasta los 5 años, según el tipo de deuda de que se trate.

Por ejemplo, las deudas hipotecarias prescriben a los 20 años, mientras que las de alimentos o arrendamientos prescriben a los 5 años.

Las deudas con la Administración Tributaria prescriben a los 4 años, las profesionales a los 3 años (así como las de suministros, dispuesto de tal forma en numerosas sentencias), mientras que las reclamaciones por responsabilidad extracontractual prescriben al año.

Por supuesto, el plazo de prescripción se interrumpe cuando se interponga una reclamación extrajudicial fehaciente, por ejemplo, mediante burofax, o una demanda en vía judicial.

Una opción que puede contemplar el deudor es la reunificación de deudas. Los particulares responden de sus deudas con todos sus bienes, presentes y futuros.

El Código Civil deja bien claro que no hay forma de librarse del pago, salvo declararse temporalmente insolvente, pero en cuanto haya bienes o dinero, las deudas se van a cobrar.

Antes de llegar a ese punto, los usuarios pueden intentar reunificar sus deudas o solicitar un plazo de carencia para poder hacer frente a los pagos cuando tengan dinero, sin que eso les afecte en su vida diaria o se sientan ahogados con las deudas.

¿Dónde pueden hacerlo? en principio, en su banco o a su acreedor, aunque no tienen obligación de acceder a su petición, puesto que se trata de llegar a un acuerdo entre las partes y suscribir un contrato con las nuevas condiciones.

No obstante, las entidades bancarias y otros acreedores no están por la labor de refinanciar deudas o de conceder préstamos adicionales, salvo que se otorguen garantías o avales que puedan hacerse líquidos en caso de impago mediante el correspondiente procedimiento.

Sí han surgido multitud de empresas que invitan a los usuarios a reunificar sus deudas, pero hay que estar muy atento a las condiciones del contrato y a los intereses que piden para no caer en un engaño o acabar pagando dinero de más.

En caso de dejar de pagar, la entidad bancaria o la empresa acreedora podrían iniciar un proceso para exigir el pago al deudor en vía judicial.

Embargo de la indemnización por despido

Algunos trabajadores nos preguntan si es posible el embargo judicial o administrativo de la totalidad de la indemnización por despido o fin de contrato, si les pueden quitar el importe completo o si, al igual que los sueldos y salarios, la cuantía se sujeta a un porcentaje o escala.

La indemnización por despido es embargable

Primero hay que ver qué es lo que se embarga exactamente. Podemos estar hablando de sueldos y salarios o de cualquier tipo de percepción.

A la empresa le habrá llegado una carta para que retenga un porcentaje de la nómina al trabajador (excluyendo el salario mínimo interprofesional) y lo ingrese a cuenta de la Seguridad Social, Hacienda, el juzgado o el organismo competente para embargar en el caso concreto.

Ese porcentaje habrá sido calculado de acuerdo con la escala del artículo 607 de la LEC (Ley de Enjuiciamiento Civil). Pero, ¿Qué ocurre cuando se liquida al trabajador y se le da una cantidad mayor?

La cuantía de la indemnización por despido no entra dentro del concepto de salario, según aclara el ET (Estatuto de los Trabajadores) y la LEC tampoco hace mención expresa a la misma en el orden establecido para el embargo.

¿Esto qué quiere decir? Pues que la indemnización es embargable en su totalidad. No se le aplica la escala de porcentajes de la LEC.

¿Pero cuándo es embargable? Cuando la orden de embargo así lo diga. Es decir, si en la orden se embargan solo sueldos y salarios, la indemnización debería quedar fuera. De igual forma, si el embargo es de cualquier tipo de percepción económica, la indemnización podría embargarse hasta la cuantía de la deuda.

De igual forma sucede con las indemnizaciones por traslados o los gastos de la actividad laboral que no entren dentro de la nómina, de acuerdo con el artículo 26 del ET.

Además, sobre este concepto aclara la Agencia Tributaria en su página web que las indemnizaciones por despido no entran dentro de la definición de salario y pueden ser embargadas sin ningún tipo de límite, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Recaudación.

¿Qué puede hacer el trabajador ante esta detracción de su dinero? En la práctica, muy poco. Puede verificar la notificación de embargo que le envió el organismo correspondiente para ver qué conceptos se embargan exactamente y si se realiza de forma correcta.

Permiso de lactancia también para el padre

Los padres también pueden pedir el permiso de lactancia, así lo establece el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 37, pero además, esta situación puede ser mejorada o concretada por convenio colectivo.

Lactancia para el padre y la madre

Tras la reforma del Estatuto de los trabajadores, aunque padre y madre pueden pedir el permiso, en caso de que ambos trabajen, solo podrá solicitarlo uno de los progenitores.

Así, pueden pedir el disfrute durante una hora, dentro de la jornada laboral; dividir esta hora en dos (media hora en un momento y la otra en otro, dentro de un mismo día); la reducción de jornada en media hora o acumular jornadas completas, hasta los nueve meses.

El convenio colectivo del sector de la empresa en la provincia puede concretar en qué consiste la reducción de jornada, para intentar conciliar la vida personal y familiar con las labores organizativas de la empresa.

Como decimos, da igual que estemos hablando de lactancia normal o artificial, pueden disfrutarlo ambos padres y la empresa no puede negarle este permiso.

Si la lactancia coincide con el período de vacaciones fijado ya por calendario, el trabajador tiene derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la del disfrute del permiso.

Para solicitar el permiso, el trabajador debe hacerlo por escrito, con un plazo de antelación de 15 días, y especificar cuándo se va a comenzar a disfrutar la lactancia y cuándo finalizará la misma.

El convenio colectivo también puede determinar un plazo de preaviso diferente, por lo que siempre habrá que estar a lo que diga la norma que sea de aplicación. Únicamente se exceptúan de este plazo los casos de fuerza mayor.

¿Qué ocurre si la empresa se niega a dar el permiso de lactancia? ¿Y si no se está de acuerdo con el nuevo horario?

En estos casos, hay que interponer una demanda en el juzgado de lo social, en el plazo de 20 días, mediante el procedimiento del artículo 139 LGSS y solicitar además una indemnización por daños y perjuicios ante la negativa por parte de la empresa.

Es un procedimiento que se tramita de forma urgente y en unos 8 o 10 días desde la admisión de la demanda se debería conocer el pronunciamiento de la sentencia, de acuerdo con la normativa citada.

Con respecto a los derechos de los padres, también se ha producido la entrada en vigor de la ampliación del permiso de paternidad a cuatro semanas.