Darse de alta como autónomo a tiempo parcial

A partir del 1 de enero de 2017, aquellos profesionales que quieran, podrán darse de alta como autónomos a tiempo parcial, sin necesidad de estar en situación laboral de pluriactividad ni tener otro trabajo.

Trabajar como autónomo a media jornada

El Estatuto del trabajo autónomo se modifica para regular esta figura que, hasta el momento, no estaba contemplada en la normativa.

Una persona podía trabajar como autónomo a tiempo parcial cuando lo compatibilizaba con un trabajo por cuenta ajena, no únicamente utilizando esta forma para distribuir su trabajo.

A partir de ahora, las cotizaciones al RETA se regularán para encajar con el autónomo a media jornada, y quien quiera, podrá darse de alta sin tener que estar en situación de pluriactividad, aunque hasta que esta regulación se produzca, se aplicará la normativa contemplada para trabajadores contratados a tiempo parcial.

A la espera de que se regule la cotización (lo que quizá se haga con la nueva Ley de autónomos), los artículos 245 a 248 de la Ley General de la Seguridad Social nos indican, de forma supletoria, lo siguiente:

– La base de cotización es mensual y se contemplarán las horas efectivamente trabajadas.

– Para la prestación por desempleo, jubilación, incapacidad temporal o permanente, maternidad o paternidad, etc., habrá que estar a lo que reglamentariamente se determine y pueda ser asimilable al trabajador autónomo.

– Para los períodos de cotización, hay que contabilizar el tiempo que ha estado dado de alta el trabajador como autónomo, teniendo en cuenta el coeficiente de parcialidad.

– El coeficiente global de parcialidad será el que acredite el número de días en los que a estado dado de alta el autónomo.

– Si se va a calcular para el subsidio por incapacidad temporal, el coeficiente global de parcialidad se realiza solo sobre los últimos cinco años.

– Si se va a calcular para el subsidio por maternidad y paternidad, el coeficiente global de parcialidad se realizará sobre los últimos siete años o, en su caso, sobre toda la vida laboral.

Además, La LGSS contempla los cálculos a realizar para averiguar la base reguladora que se aplica a las distintas prestaciones a que tenga derecho el trabajador a tiempo parcial.

No obstante, esperamos que próximamente se publiquen las normas específicas aplicables al autónomo a tiempo parcial.

Reclamar la pensión alimenticia del hijo mayor de edad

Para reclamar la pensión alimenticia de los hijos, hay un plazo de prescripción de cinco años y es el padre custodio el legitimado para interponer la demanda. Sin embargo, ¿Qué ocurre cuando el hijo es mayor de edad?

Pensión de alimentos para hijos mayores de edad

La pensión por alimentos es una cantidad, normalmente fijada por el Juez, que tiene que entregar el padre no custodio al hijo, para mantenerlo, comprarle vestido, ropa, alimentos, colegio, etc.

También pueden existir otros gastos, llamados extraordinarios, que pagarán los padres por mitad ya que, al no estar previstos, no pueden entrar en el concepto de pensión alimenticia.

Este dinero va a los hijos. Es decir, aunque se ingrese en la cuenta que uno de los padres destina a tal efecto, o incluso se dé en mano, esa cantidad no es para ese padre sino para los hijos.

Esto quiere decir que si el obligado a pagar la pensión alimenticia deja de hacerlo, la deuda la tiene con el hijo, no con el padre custodio.

Sin embargo, como normalmente los hijos son menores de edad, es el padre o la madre con quien convivan quien tiene que reclamar la pensión por alimentos, como representante del menor, contra la madre o el padre deudor.

El plazo para poner una demanda exigiendo que se cumpla lo establecido en el convenio regulador es de cinco años desde que se deja de pagar la primera cuota de la pensión por alimentos, y es un plazo de prescripción.

Pero, ¿y si, mientras se deja la deuda, el hijo se hace mayor de edad? Entonces es él quien está legitimado para poner la demanda y reclamar las cantidades adeudadas.

Aunque esto no quiere decir que el hijo tenga que recibir el dinero de golpe. Los gastos que no han sido sufragados por la pensión que debía haber pagado el padre, probablemente hayan sido pagados por la madre, que se debe convertir en acreedora de esas cantidades.

A partir de la mayoría de edad, y de forma general, hasta los 25 años (si el hijo está estudiando o está en búsqueda activa de empleo y no encuentra), o especialmente hasta que diga el convenio regulador (que también puede ser modificado, según las circunstancias concretas de cada persona), el hijo puede seguir percibiendo la pensión por alimentos.

Además, puede pedir que le sea entregada directamente en otra cuenta bancaria que abra para ello y de la que él sea único titular pues, como explicamos, la pensión es suya, no del progenitor custodio, con independencia de que tenga que contribuir a las cargas familiares por la convivencia.

Reclamar al banco los gastos de formalización de la hipoteca

Una sentencia del Tribunal Supremo, del 23 de diciembre de 2015, declara una cláusula de las escrituras hipotecarias -en este caso, del BBVA y Banco Popular- como abusiva y permite reclamar al banco los gastos de formalización de la hipoteca.

Gastos que se pueden reclamar al banco

Los gastos reclamables son: los de Registro de la Propiedad, Notaría, tasación del inmueble, el pago del Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (ITP-AJD) y los gastos de gestoría, en caso de haberse utizado.

Lo que dice la cláusula, que puede encontrar en su escritura, es que estos gastos serán satisfechos por cuenta de la parte prestataria (es decir, el cliente), mientras la sentencia del TS resuelve que quien debería hacerse cargo de estos gastos es el prestamista (el banco).

¿Por qué? Porque el banco es el más interesado en que el préstamo esté realizado de forma correcta, que se haga en documento público y tenga acceso al Registro.

Además, al ser una cláusula acordada de forma individual por el banco y no negociada, el Texto Refundido de la Ley de Consumidores y Usuarios especifica que la imposición de obligaciones de pago de los gastos de documentación y tramitación al consumidor, cuando su pago corresponde al empresario, puede considerarse abusiva.

Así lo recoge también la sentencia, ya que tanto Notaría como Registro atribuyen la obligación de pago al solicitante del servicio, y como indicábamos, quien tiene un interés mayor en que se documente el préstamo es el banco.

El TS dice que no habiendo reciprocidad en los gastos, se da un desequilibrio que afecta al consumidor y que este nunca hubiera aceptado, por desproporcionado, en una negociación individualizada.

La sentencia del TS es reciente y todavía no encontramos jurisprudencia menor al respecto, pero ya se puede reclamar al banco que tenga una cláusula similar en sus escrituras de constitución del préstamo (no tiene por qué ser solo al BBVA o al Banco Popular).

La acción para solicitar la nulidad de la cláusula tiene un plazo de prescripción de cuatro años desde que se termine de pagar la hipoteca.

El procedimiento, por tanto, consiste en:

– Reclamar al banco las cantidades, aportando las facturas y basando el escrito en la sentencia del supremo. El banco tiene un plazo de dos meses para contestar.

– Si la entidad bancaria contesta de forma negativa, el siguiente paso será interponer una demanda para que la cuestión se resuelva judicialmente.

Qué pasa si el banco vende mi hipoteca

Nos encontramos ante la figura legal de cesión del crédito o titulización de un préstamo, que significa que el banco puede vender la hipoteca de sus clientes a un tercero. ¿Qué pasa en estos casos?

Un fondo de inversión ha comprado mi hipoteca

¿A quién debo mi hipoteca? Es la pregunta que se hacen muchos usuarios y consumidores españoles en los últimos años a raíz de la crisis. Los bancos han vendido paquetes de hipotecas a distintos fondos o entidades u otras empresas y, muchas veces, a los denominados fondos buitres.

Esta es una práctica contemplada en La Ley Hipotecaria, que dice que el crédito puede cederse, mediante escritura pública e inscripción en el Registro de la Propiedad, de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil.

En este sentido, el Código Civil dice que la cesión del crédito solo surte efectos frente a terceros desde que se realice por escrito, en documento público.

Para el deudor de la hipoteca, las condiciones del crédito hipotecario no cambian. La deuda sigue vigente, así como el plazo en que debe devolverla, la amortización, los intereses o las comisiones.

Lo que cambia es la figura del acreedor. En lugar del banco, el deudor hipotecario tendrá que pagar al nuevo acreedor, que es quien haya comprado la hipoteca.

El mayor problema surge cuando hay un impago.

¿A quién se le debe esa hipoteca? ¿El acreedor puede pedir la ejecución hipotecaria? El deudor debe saber a quién le debe ese dinero y con quien tiene que negociar la deuda.

La posible cláusula que puede encontrarse en la escritura pública sobre la renuncia de los clientes a ser notificados en caso de cesión de su hipoteca, es una cláusula, que no se ha negociado individualmente, y podría ser atacable legalmente por abusiva.

Además de la jurisprudencia y de otras leyes aplicables al respecto, ya el Texto Refundido que regula la Ley para la defensa de los consumidores y usuarios califica como abusiva la imposición de una renuncia o limitación a los derechos del consumidor.

Derecho de retracto en la venta de hipoteca:

¿Debe pedir permiso el banco a su cliente para vender el crédito? No, pero debe notificárselo en caso de que el préstamo hipotecario esté siendo objeto de un procedimiento de ejecución judicial.

Así lo establece el Código Civil, que permite al deudor extinguir la deuda en el plazo de 9 días, por el mismo precio por el que se le ha vendido al fondo.

Esta es la situación con los créditos litigiosos, aunque normalmente el deudor que tiene un impago no cuenta con el dinero para hacer frente a la deuda, pero tiene la opción de realizar una reclamación judicial en caso de que el banco vendedor no respete sus derechos.