Obligación de la administración de contestar de forma expresa

silencio administrativo

La Administración Pública tiene la obligación, por regla general, de contestar de forma expresa a las cuestiones o procedimientos que se le planteen.

Deber de la Administración de resolver de forma expresa

El silencio administrativo aparece cuando pasa el plazo estipulado en la normativa para la resolución y la Administración no contesta de forma expresa, por lo que empieza a correr el silencio administrativo, y lo que ésto signifique, en la normativa específica o en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen juridico de las administraciones públicas y el procedimiento administrativo común (RJAAPP-PAC).

Hablamos aquí de los actos presuntos de la Administración. Cuando el acto que se debe resolver se presume dictado en los casos en que la Administración inicie un procedimiento, bien de oficio o a instancia de parte,  y no lo resuelva en el plazo previsto.

Eso no significa que la Administración no nos vaya a contestar, sólo que no lo va a hacer dentro del plazo previsto.

El régimen jurídico de los actos presuntos da respuesta a aquellos supuestos, muy frecuentes, en los que presentada por un particular una reclamación o una solicitud ante la Administración, éste no obtiene respuesta a la misma. Pero:

¿Cómo debe entender el silencio administrativo? ¿Se entiende que la Administración deniega tácitamente su petición o que la acepta?

El optar por alguna solución es necesario ya que, de lo contrario, el particular no podría impugnar la actuación administrativa ante la Jurisdicción Contencioso- Administrativa.

La Administración tiene la obligación de dictar una resolución expresa al caso que se planteé y debe notificarla siempre que se inicie un procedimiento, ya sea a instancia de parte o de oficio.

Esta obligación de dictar resolución expresa se debe seguir también en los casos de prescripción o caducidad del proceso, renuncia del derecho (siempre y cuando sea un derecho renunciable), o desistimiento de la solicitud.

Así como, cuando se produzca la desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento. No obstante, en estos caso la Administración no entrará a valorar el objeto del proceso, sino que  declarará la circunstancia que concurra en el caso concreto, indicando de los hechos que se produzcan y la normativa aplicable.

No obstante, se prevén excepciones al deber de resolver y notificar de forma expresa. Cuando el procedimiento termine por pacto o convenio o cuando el procedimiento se refiera al ejercicio de derechos que se sometan al deber de comunicación previa a la Administrativa.

Plazo máximo para notificar la resolución

El plazo máximo para notificar la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del procedimiento correspondiente, es decir, por su normativa específica, si la hubiere.

En cualquier caso, este plazo no podrá exceder de 6 meses salvo que una norma con rango de ley establezca otro plazo superior o se encuentre previsto otro plazo en normas de la Unión Europea.

Cuando la normativa específica no fije plazo máximo para recibir la notificación, éste será de 3 meses.

El plazo máximo para notificar la resolución expresa (ya venga fijado en la norma de procedimiento o sea el residual de tres meses) se contará:

  • En los procedimientos iniciados de oficio por la administración: desde la fecha del acuerdo de iniciación.
  • En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación.

Esto significa que como la Ley 30/92 mencionada antes permite presentar las solicitudes de iniciación del procedimiento en lugares distintos al del registro del órgano competente para su tramitación, el plazo máximo para resolver y notificar la resolución no empezará a correr hasta que la solicitud no haya tenido entrada en el registro del órgano competente para tramitar el procedimiento.

El interesado tendrá conocimiento de la fecha en que la solicitud ha sido recibida por el órgano competente mediante una comunicación que la Administración viene obligada a realizar al interesado dentro de los 10 días siguientes a la recepción de la solicitud en el registro del órgano competente para su tramitación.

El interesado puede conocer el plazo máximo para que se resuelva y se le notifique la resolución expresa y los efectos del silencio:

a) Relación de procedimientos actualizados: las Administraciones públicas deben publicar y mantener actualizadas, a efectos informativos, las relaciones de procedimientos, con indicación de los plazos máximos de duración de los mismos, así como, de los efectos que produzca el silencio administrativos.

b) Deber de información a los interesados en todo caso, las Administraciones públicas informarán a los interesados del plazo máximo normativamente establecido para la resolución y notificación de los procedimientos, así como, de los efectos que pueda producir el silencio administrativo. Esta información se producirá:

  • En los procedimientos iniciados de oficio: en la notificación o publicación del acuerdo de iniciación de oficio.
  • En los procedimientos iniciados a instancia de parte: en una comunicación que se les dirigirá al efecto a los interesados dentro de los 10 días siguientes a la recepción de la solicitud en el registro del órgano competente para su tramitación. Esta comunicación también indicará la fecha en que la solicitud ha sido recibida por el órgano competente.

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