Retirar una orden de protección - Attardabogados.com

Retirar una orden de protección


violencia doméstica y de género

Si se pregunta cómo quitar una orden de protección en violencia doméstica, regulada en el art. 544.ter LECr, le contamos que constituye un conjunto de medidas que vienen a procurar la protección integral de la víctima de violencia doméstica, por lo que los casos para retirarla son muy excepcionales.

Solicitud de la orden de protección

Estamos ante una resolución integral y compleja, que otorga unas ventajas generales a la víctima en el plano civil, administrativo y penal, por lo que quitarla es muy dificil. Si se ha otorgado, es porque hay motivos fundados para ello.

Es acordada por el Juez, mediante auto, cuando existan indicios de delitos contra la vida, integridad física o moral, o la libertad, de alguna de las personas a que se refiere el art. 153 CP (núcleo familiar).

No se debe confundir violencia doméstica con violencia de género. La primera es la violencia que se da en el entorno familiar, la segunda es la violencia ejercida por un hombre contra una mujer, con la que está ligado por cierta relación de afectividad.

La solicitud de protección puede presentarse ante el juez, el Ministerio Fiscal, la policía, oficinas de atención a las víctimas y los servicios sociales de cada localidad. Y será acordada por el Juez, de oficio o a instancia de la parte afectada, sus familiares o del MF.

La orden será acordada previa audiencia a la víctima –o solicitante- y al presunto agresor, evitando la confrontación física y visual entre ambos.

Requisitos de la orden de protección:

La resolución judicial, dictada por el Juez Instructor, por la que se decrete la orden de protección contendrá:

– Las medidas de orden penal y de protección social que fueran necesarias y procedentes.

– La orden implica un deber de información a la víctima, que debe saber en todo momento del estado y situación del agresor, y de la vigencia de las medidas adoptadas.

– Las medidas del orden civil que fueran necesarias, con una vigencia máxima de 30 días.

Pasado ese plazo, deberá acudirse al juez civil y se produce una prórroga de otros 30 días, hasta que decida sobre la ratificación o modificación de la medida.

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