La prisión provisional como medida cautelar

prisión provisional

La prisión provisional como medida cautelar o prisión preventiva, regulada en los arts. 502 y siguientes de la LECrim, supone la privación de libertad del encausado durante la tramitación del procedimiento penal, dentro del lapso temporal determinado por la ley.

Estamos aquí ante la medida cautelar personal más gravosa de nuestro ordenamiento; de hecho, ha sido muy criticada porque anticipa totalmente el contenido del futuro fallo judicial (la pena de privación de libertad).

Prisión provisional comunicada y sin fianza

Esta medida tiene su desarrollo legal en la Ley 13/03 de 24 de octubre y en la Ley Orgánica 15/03 de 25 de noviembre, que han modificado los subjetivos presupuestos de la antigua prisión. Se han eliminado conceptos amplios como el de “alarma social del delito”, muy cuestionados por el Tribunal Constitucional.

Que la prisión provisional a decretar esté fundada en alguna de las siguientes finalidades:

– Evitar la fuga del imputado, asegurando su presencia física en el proceso.

– Evitar que el imputado oculte o destruya las fuentes de prueba.

– Evitar que el imputado pueda ir contra bienes jurídicos de la víctima o cometa otros delitos.

Además de alguna de esas finalidades, el Juez debe dictar auto acreditando alguna de las siguientes circunstancias objetivas:

– Que existan indicios de la comisión de un hecho delictivo castigado con penal igual o superior a 2 años de privación de libertad.

– Que existan antecedentes penales no cancelados por delito doloso.

– Que exista riesgo de evasión de la justicia; siempre que se hayan dictado dos requisitorias contra el encausado y éste no haya comparecido.

– Que conste que el sujeto pertenece a banda organizada.

Prisión provisional duración máxima

En principio, la prisión provisional ha de durar el tiempo estrictamente necesario para asegurar las finalidades que toda medida cautelar persigue. Sin embargo, la LECrim dispone de un sistema de plazos:

– Prisión decretada por riesgo de fuga o de comisión de nuevos delitos:

– Máximo de 1 año con posible prórroga de 6 meses, si el delito tiene señalado pena privativa de libertad igual o inferior a tres años.

– Máximo de 2 años con posible prórroga de otros 2 años, si la pena fuera superior a tres años.

– Prisión decretada por riesgo de ocultación o destrucción de pruebas: Máximo de 6 meses.

– En el caso de inculpado condenado que recurre la sentencia: Máximo de la mitad de la pena privativa de libertad impuesta.

Desde 1995, la prisión provisional sólo procede a instancia de parte. El Juez sólo podrá dictar auto motivado de prisión cuando así lo solicite la fiscalía o las diferentes acusaciones.

Habrá de ser decretada dentro de las 72 horas que como máximo puede durar la detención, debiendo darse audiencia al encausado –asistido de letrado- y a la parte acusadora.

En casos de urgencia, la prisión podrá ser decretada sin dicha audiencia, que se deferirá en las 72 horas siguientes.

El auto motivado de prisión, susceptible de apelación, contendrá siempre dos mandamientos: uno destinado a la policía judicial que ha de ejecutarlo, y otro al Director del establecimiento que deba recibir al preso.

En el mandamiento consignará: la totalidad del auto de prisión, identificación del encausado, el delito que se persigue y la modalidad de prisión (comunicada o incomunicada).

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